A partir de la nueva ley Omnibus, aprobada en junio del año pasado, el sector de la seguridad queda desprotegido de los controles de calidad por los que, hasta ahora, debía pasar.
En un supuesto intento de ayudar a pequeñas empresas y trabajadores autónomos el gobierno sustituye la antes necesaria autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos y sistemas de televigilancia por una simple declaración responsable.
Con ello se abaratan costes iniciales y cargas administrativas.
Sin embargo, si se desea la tranquilidad y la certeza de que su instalación esté realizada por profesionales y que la finalidad de la instalación sea la seguridad, se ha de confiar, como se ha hecho siempre, en las empresas de seguridad homologadas.
Los más de 17 años de experiencia en el sector de la seguridad privada de C-7 son una garantía más de la calidad y la eficiencia de nuestras instalaciones, en un constante compromiso por satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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